El Área de Osuna ha activado el protocolo ante agresiones del Servicio Andaluz de Salud, a través del cual se ofrece a los profesionales afectados asesoramiento tanto psicológico como jurídico, además de iniciar la fase de investigación por parte de la Guardia Civil.

La agresión física o intimidación grave contra personal sanitario en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones de la Consejería de Salud y Consumo tiene como objetivo intentar reducir este tipo de agresiones, así como minimizar sus consecuencias a través del asesoramiento y acompañamiento de las personas afectadas.